El pasado 29 de agosto, a los 92 años, falleció el abogado y político bahiense Roberto Irigoyen, quien ocupara una banca en el Congreso de la Nación y tuviera activa participación en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, impulsando los derechos del consumidor.Nacido el 31 de octubre de 1931 en Bahía Blanca, Irigoyen fue egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Afiliado a la Unión Cívica Radical en 1949, se desempeñó entre 1963 y 1966 como Jefe de Asuntos Legales de la Municipalidad de Bahía Blanca durante la intendencia de Federico Baeza, y en 1973 fue electo concejal.Posteriormente, en 1983, ocupó el cargo de director de Petroquímica Bahía Blanca en representación del Estado Nacional, que poseía acciones mayoritarias en la empresa, y dos años más tarde resultó electo como diputado nacional, habiendo ocupado la presidencia de la Cámara Baja.En 1994 fue electo convencional nacional constituyente para la reforma de la Constitución Nacional, siendo miembro informante del artículo 42 de la Carta Magna, que incorporó los derechos del consumidor.El citado artículo dispone que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.Por otra parte, explicita que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.“La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”, sostiene además.